La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria “ANDAS”, brinda su más amplia solidaridad con los habitantes del sector marruecos de la antigua hacienda los molinos, en la localidad Uribe Uribe de Bogotá, desalojados violentamente, y vulnerando sus derechos fundamentales desde el pasado miércoles 18 de enero de 2012.
Se trata de de 180 familias, pobres entre quienes se encontraban familias desplazadas, la cuales fueron victimas de “urbanizadores piratas” que hace más de 4 años vendieron los lotes a estas humildes familias. Es necesario recordar que la venta ilegal de predios hace parte de la historia moderna de Bogotá, y han sido pocas las acciones jurídicas para perseguir y sancionar a estos delincuentes.
Por ellos no se justifica desde ningún punto de vista la manera en que actuó la señora Alcaldesa local MARTHA BOLIVAR, para el desalojo y la ausencia de garantías a los derechos fundamentales de los afectados, cuando se escucha a la señora alcaldesa en los medios de comunicación, en clara demostración de abuso de autoridad.
Sorprende aún más, que solo después de proceder a derribar las casas con maquinaria pesada y fuerte dispositivo con más de 800 efectivos policiales, se halla iniciado un censo de los dignificados, lo que muestra claramente la manera precipitada con la que actuó la alcaldesa MARTHA BOLIVAR, procediendo al desalojo sin ninguna consideración de las personas que allí residían.
Frente ha este tipo de situaciones no se pueden privilegiar los derechos de los propietarios, sin que antes la Administración Distrital, no halla construido formulas de solución para esta situación, que no solo afecta el derecho fundamental a la vivienda, sino el del infante y personas vulnerables, entre ellos familias victimas del crimen del desplazamiento.
A este hechos se suma que en medio de este fuerte dispositivo policial se cono ce de amenaza, extorciones y chantajes proferidas por un grupo autodenominado los “tierreros”, y frente a este hecho no se conocen ni las denuncias de la alcaldía local y distrital, ni se conoce de capturas contra los responsables de estas estafas masivas a la población más vulnerable.
No puede aceptarse que cuando existen otras alternativas jurídicas y políticas, se privilegie la acción policial, que como se conoce en este tipo de situaciones ha demostrado sus inclinaciones a la violación de los Derechos Humanos.
Solicitamos de la manera más respetuosa, establecer una mesa de concertación orientada a restablecer los derechos de las familias afectadas por esta situación. Igualmente solicitamos se brinden las garantías a la vida e integridad de los habitantes de este sector de la ciudad
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ALFONSO CASTILLO
Presidente
Bogotá, 23 de enero de 2012.
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