INFORME DE
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1448 2011
Presentado por la CAMPÑA PERMANENTE, TIERRA, VIDA Y
DIGNIDAD
JUNIO 13 2012
Las inquietudes y observaciones se pueden sintetizar de la
siguiente manera:
Una maraña
de improvisaciones
Desde que fue sancionada la ley 1448 el 2011 el día 10 de
junio, el gobierno tenía conocimiento del enorme desafío que tenía la
implementación y operación de la ley, no obstante ello, lo que se puede
constatar es que la puesta en marcha de la misma es un manojo de improvisación,
desorden y en todo caso falta de apropiación de toda la experiencia acumulada
por el propio gobierno y sus instituciones en el proceso de superación del Estado
de Cosas Inconstitucionales y el diseño de la política pública atención
integral a población desplazada.
Lo que sucede en la Unidad
de Reparación, es una suerte de estado permanente de transición que no parece
tener fin, todos los días el proceso está en etapa de desarrollo y a la espera
de que se tomen definiciones desde el nivel central, igual situación se presenta
en la Unidad administrativa Especial de Restituciones, la situación es un poco
peor en municipios y departamentos donde hay un especie de “stand by” a la
espera que en Bogotá se tomen las decisiones necesarias para empezar a operar.
Más allá de esta consideración General hay aspectos que
ordena la propia ley que no tienen desarrollos o no se conocen por parte de las
organizaciones de víctimas.
Sistema
nacional de atención integral a las victimas (titulo VIII Decreto 4800)
A la fecha del presente informe no se conoce la propuesta de
conformación, articulación y funcionamiento de este sistema, el gobierno no dejado
conocer el modelo que se implementará para la atención a las víctimas y éste es
como se indica el soporte básico de todo el proceso de reparación. De esto el
problema más grave es la descoordinación entre las instituciones del Gobierno y
el Ministerio Público. El mejor ejemplo de esta descoordinación es la propia
ciudad de Bogotá, el distrito hace el esfuerzo en el centro DIGNIFICAR,
pero la Personería no responde con los funcionarios que se requieren para
atender adecuadamente a las víctimas que buscan orientación y atención, hoy
solo hay un personero para recibir declaraciones.
Más aún en la propia capital de la república, no ha sido
posible la adecuación tecnológica que permita hacer declaraciones “ON
LINE” no hace falta pensar mucho para
imaginar cómo será la implementación de este proceso en diferentes municipios y
departamentos del país.
Proceso de
registro
En hasta la fecha no se conoce si el gobierno ya integró las
bases de datos de: Registraduría, ICBF, FONDELIBERTAD, desaparecidos, RUPTA-desplazados,
víctimas de las minas antipersonas, menores reclutados, víctimas de atentados (ley
418/97) igualmente no se conoce si se considera la inclusión en la base de
datos del programa de protección del Ministerio del Interior donde reposan, las
victimas sobrevivientes del PCC-Up, concejales amenazados, sindicalistas,
líderes sociales, periodistas, funcionarios públicos.
Este es un complejo proceso dadas las dificultades
tecnológicas del país, en todo caso menor, frente al desafío institucional que
supone la inscripción de nuevas víctimas en el registro, principalmente por el formulario, el cual cuenta con trece
páginas, lo que niega el principio de “buena fe” consagrado en la ley, además
hace inoperante el proceso de inscripción “llenar
cada formulario puede tardar hasta una hora en el mejor de los casos”.
Mujeres
Hasta el día de hoy no se ve con claridad, como las mujeres
van acceder de manera preferente tanto para el derecho a la reparación, como
para hacer efectivo su derecho a la restitución de tierras, esto sin duda
alguna, es en contravía de los mimos compromisos gubernamentales, como también de
la jurisprudencia que ha señalado con claridad que la normatividad tiene que
diseñar mecanismos que garanticen de manera preferente el acceso de las mujeres
a sus derecho a la restitución y la reparación. En igual sentido hay que
señalar que no avanzan las investigaciones de la fiscalía General de la nación
en cuanto a las amenazas que se han venido profiriendo en los últimos tiempos
contra mujeres lideresas, también señalar, que el acceso de las mujeres a las
medidas de protección no cuentan con mecanismos adecuados de enfoque
diferencial.
La
valoración
A esto se suma el tema de la valoración para lo cual el
gobierno sólo hasta fines de mayo del 2012 definió los criterios de valoración,
la cual está en cabeza los mismos funcionarios que realizaban labores la
valoración de las declaraciones de población desplazada y la experiencia indica
que en este proceso no primaba la buena fe, cabe preguntarse cómo cambiar la
mentalidad los funcionaros que siempre actuaron partiendo de la desconfianza a
lo que las víctimas denunciaban?
Plan de
acción
Igualmente es necesario que el gobierno defina con claridad,
para evitar demagogia y politiquería, el cronograma que establecerá el plan de
reparaciones, es decir definir cuáles municipios van a ser priorizados? Qué
clases de víctimas van a tener prioridad para acceder a la misma? Hemos
conocido que hasta la fecha se han recibido aproximadamente 20.000
declaraciones, a lo que se suman 200.000 declaraciones pendientes de ser
tramitadas del decreto 1290/2008, y aproximadamente 18.000 solicitudes de
indemnización que están en la lista de espera de personas que fueron afectadas
por los atentados y otros hechos generados por la violencia. Este es sin duda
un verdadero cuello de botella que requiere un plan de contingencia que no se
conoce hasta la fecha.
Es necesario conocer cuál es el plan anual de reparaciones,
es decir, saber cuáles la proyección del gobierno de acuerdo a la
disponibilidad y viabilidad presupuestal, cuántas víctimas van a ser reparadas
cada anualidad, igualmente conocer en este plan el cronograma de municipios y
regiones que serán priorizadas
También conocer cuáles son los criterios de priorización en
el acceso a la reparación, quienes serán reparados con prioridad: mujeres
cabeza de hogar, niños huérfanos, adultos mayores, discapacitados?. Aquí mismo
saber cómo se va sincronizar el criterio de reparación por oferta, con la
reparación por demanda, en qué consiste esta reparación por oferta y cuáles serán
las primeras ofertas de reparación.
Este reparación por oferta es la misma que se realiza en las
zonas que el gobierno ha priorizado para realizar restitución de tierras o lasreparaciones “colectivas” son otro
programa?.
El gobierno habla de 800.000 reparaciones colectivas en diez
años y una meta de 280.000 casos en el cuatrienio de Juan Manuel Santos que en
realidad son dos años, sí hay un plan para evacuar estos casos? Se cuenta con
el presupuesto requerido? Estas reparaciones colectivas son las mismas
impulsadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, acaso
fracaso la reparación de la CNRR?, cuales son los 5 planes de reparación
colectiva que se implementaran en el 2012?
En fin, hace falta conocer con urgencia cuáles son los
criterios de gradualidad, priorización y accesibilidad que el gobierno aplicará
para el proceso de reparaciones.
Conformación
de los comités de justicia transicional (artículo 173 ley 1448/11)
Estos comités tienen la tarea de evaluar y ajustar el
desarrollo de la implementación de la política pública en cada unidad
territorial. Nuestra información indica que en muchos municipios y
departamentos no se han constituido, en otro ya se integraron pero las víctimas
no participaron y en algunos hay participación de algunas víctimas, pero su
escogencia no fue democrática, fueron escogidos por el personero o el alcalde a
su criterio personal.
La participación efectiva de las víctimas es el derecho más
vulnerado en todo el proceso de discusión, diseño e implementación de esta ley,
hasta la fecha el gobierno no ha definido los mecanismos que garanticen la
participación efectiva de las víctimas en las distintas etapas de la elaboración
de la política pública de atención integral a las víctimas, en abierta
violación del artículo (262) del decreto 4800/11.
Hasta la fecha de esta evaluación, no hay protocolo de
participación, y mucho menos se sabe cómo participan las víctimas en su
elaboración discusión, las mesas municipales, departamentales y nacional, son
un incierto, los personeros y defensores no tienen claridad del proceso de
inscripción y convocatoria de las mesas. En algunos municipios estas mesas se
han integrado sin ningún criterio al punto que participan inclusive
desmovilizados.
Es necesario reconocer que la circular 003 de 4 de mayo/12, de la unidad de reparación, hace claridad sobre la integración de las
mesas a partir de las mesas de fortalecimiento de organizaciones de población
desplazada, también es necesario decir que el decreto Nº 1196 de junio/12, que amplía la fecha inscripción de las
organizaciones hasta el día 5 de octubre de 2012 , son elementos importantes,
sin embargo, esto nos permite suponer que no habrá mesas de victimas durante el
año 2012, año crucial en la etapa de diseño y desarrollo de la ley, lo que hace
suponer que en el futuro la participación de las víctimas será más bien
simbólica, porque para esas fechas la política ya estará diseñada.
Esperamos que la implementación d la Mesa Transitoria de
Victimas, propuesta por la Mesa de Victimas Pertenecientes a Organizaciones
Sociales y acogida con modificaciones por la Unidad de Reparaciones sea la
oportunidad para corregir los errores y ausencia de la participación de las
victimas
También hace falta saber a ciencia cierta según informes del
propio gobierno, cuántas mesas hay conformadas a la fecha, hemos escuchado de
622 mesas, pero también se ha dicho que son 200, es ésta una buena oportunidad
para saber en definitiva cuantas mesa se han constituido y cuales el plan para
que el gobierno haga la conformación de las mismas en lo que resta del proceso
Proceso de
restitución de tierras
El gobierno de Juan Manuel Santo, ha puesto en marcha un
vigoroso, plan informativo que intenta demostrar el compromiso del Gobierno con
la Restitución de Tierras, el plan incluye anuncios de restitución de varios
predios en distintos lugares del país y con la convocatoria a la movilización
de campesinos, como ha sucedido en Barranquilla y Neclocli, intenta buscar
respaldo popular a su política de restituciones.
Lo cierto es que la restitución anunciada en la Ley de
Reparación y Restitución, no satisface la expectativa del país, sobre la
devolución de las tierras a los campesinos,
sus legítimos dueños, a los que les fue quitada por el uso de la fuerza o
atreves de engaños y complicidad de algunas instituciones del estado
Las
garantías a las victimas
Lo que hoy se anuncia como restitución, no logra concretarse
entre otras cosas porque el Gobierno no
ha sido capaz de brindar garantías de seguridad a las victimas. Durante este
gobierno han sido asesinados 28 líderes de procesos de restitución. (Ver
listado anexo) Al mismo tiempo que han surgido ejércitos anti restitución en
hechos denunciados en el departamento de cesar y reciente mente en el
departamento de sucre donde han amenazado a Juan David Diaz, integrante del MOVICE, además de recordar que
el grupo paramilitar denominado los Urabeños protagonizo un paro armado en 6 departamentos de la costa caribe justamente
el mismo día, que entro en rigor la ley de restitución de tierras. Además de este panorama sobre la
restitución hay amenazas de las que el propio presidente denomina la nao negra,
que no es otra cosa que sectores económicos y grupos al margen de la ley que se
benefician de toda la política económica que impulsan los últimos gobiernos.
Los asesinatos de los
líderes se han presentado en: Bolívar 1, Sucre 2, Córdoba 2, Antioquia 9, Chocó
3, Cauca 1, Arauca 1, meta 2, Santander 1, Tolima 3, putumayo 1, cesar 1, de
estos casos cinco se presentaron contra mujeres. Lo preocupante esta situación
son en particular dos hechos: primero, las investigaciones por estos asesinatos
avanzan a ritmos muy lentos y se encuentran dispersas en diferentes unidades de
la fiscalía por tanto queremos insistir en la solicitud de que las
investigaciones por estos crímenes se han unificadas en unos unidad especial de
la fiscalía creada para tal fin, de otro lado está el tema de la prevención y
la protección, actualmente la unidad nacional de protección está respondiendo
de manera muy lenta alza las distintas solicitudes de protección que presenta
líderes y liderezas vinculados a procesos de atención a víctimas y
particularmente restitución de tierras, además de ello están sujetos a la
valoración de un riesgo que generalmente tiene como resultado una calificación
de nivel bajo, lo que se traduce en la negativa del estado a brindar protección
a los líderes o la obtención de un medio de comunicación el mejor de los casos
El problema
de las cifras
Después del debate del 29 de mayo convocado por los
congresistas Jorge Robledo, Ivan Cepeda y Wilson Arias, queda poco por decir
sobre las cifras de la restitución de tierras que impulsa el actual gobierno.
Sin embargo quisiéramos insistir en lagunas preguntas alrededor de las metas
del gobierno sobre este tema: finalmente cuántas son las hectáreas que el
gobierno está comprometido a restituir, y cuáles son los programas para
desarrollar este proceso?. O se debe entender que el compromiso del gobierno es
atender todas las solicitudes que lleguen a la unidad? Cuales sólo mecanismos
que va emplear el gobierno nacional para diferenciar los distintos programas de
adjudicación de tierras en el país? Cuál es la compatibilidad entre el plan
nacional de desarrollo que otorgará títulos de explotación MINEROENERGETICA a
transnacionales, con los programas de restitución de tierras?
En general las organizaciones de población desplazada,
compartimos la preocupación, de que más allá de los anuncios de restitución de
tierras, se está creando un gran
galimatías, con restituciones que se hacen todos los días por parte del
gobierno de Juan Manuel Santos, mientras no se brinden las garantías reales
para que las víctimas de los despojos, pueden acceder de manera efectiva al uso
y usufructodel bien restituido.
Ante todas estas inconsistencias y para exigir la verdadera
restitución de tierras y territorios para las víctimas y comunidades afectadas
por el conflicto armado, restitución que incluya en las tierras despojadas, así
como, créditos, asistencia técnica, y planes de desarrollo- socioeconómico de
las zonas donde se dan las restituciones se requiera una verdadera política de
restitución la cual se lograra cuando las victimas se movilicen para exigir
este derecho de manera digna e integral.
Anexo: Asesinatos de líderes durante el periodo de gobierno
de Juan Manuel Santos
Bolivar
1. Óscar
Manuel Mausa Contreras, directivo de la Cooperativa Cootragloban, quién
reclamaba tierras desde 1997 en el
municipio de Turbo, corregimiento Blanquicet, vereda La Esperanza, desplazado a quien le habían restituido un
predio de 100 hectáreas en el Urabá antioqueño, a donde no había podido
regresar por falta de garantías de seguridad. El 24 de noviembre de 2010, fue asesinado a las seis de la tarde
aproximadamente, en el área rural del municipio de San Juan de Nepomuceno,
departamento de Bolívar; sitio donde se había desplazado para proteger su vida
y la de su familia desde 2008. El homicidio de Óscar Mausa fue causado después
de haber sido amarrado a un árbol, apedreado y torturado de la manera más
brutal. El homicidio presenta las mismas modalidades de los asesinatos de
Albeiro Martínez y Hernando Pérez, es decir, sin arma de fuego.
Sucre
2. Eder Verbel Rocha, fue asesinado El día 23 de marzo de 2011, aproximadamente las 6:15 PM de su finca
llamada puerto Colombia a 20 minutos del
casco urbano de San Onofre, fue interceptado por dos hombres armados tiene sin
mediar palabra dispararon en su contra. En los hechos se encontraban Orlando Enrique Verbel Rocha hermano de la
víctima , y un menor de edad hijo de
Eder, este caso no es el primero que le sucede a la familia Verbel Rocha, en
enero 2005 el Sr. Guillermo Verbel Rocha también fue asesinado por una estructura
paramilitar que opera en la región, lo cierto, es que esta familia viene siendo
objeto de persecución por grupos paramilitares por el inter esté representada
la finca del 92 hectáreas que ellos tienen en la región del golfo de
Morrosquillo.
3. Antonio
Mendoza Morales, fue asesinado por desconocidos El día 30 de junio 2011, en el
municipio de San Onofre, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y
Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el
departamento. ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras
que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de
exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y
municipales.
Cordoba
4.
Martha Gaibao, asesinada el 29 de abril de 2011 en la región de La Apratada en el municipio
de Ayapel, Departamento de Córdoba,
líder del proceso de restitución de tierras despojadas por paramilitares
a los campesinos en el Departamento de Córdoba.
5. Leoncio
Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de
noviembre de 2011.
Antioquia
6.
Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción
Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia
7.
German
marmolejo. Asesinado septiembre de 2010 en la carretera entre turbo y aprtado
8.
Hernando
Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá,
fue asesinado el 20 de septiembre de 2010, por desconocidos en esa zona
bananera del departamento de Antioquia (noroeste. Pérez participó en la
ceremonia oficial de entrega de 34 títulos de propiedad a víctimas despojadas
de sus tierras por parte del antiguo grupo paramilitar 'Bloque Bananero”.
9.
Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas
de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi-
asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia.
10.
Bernardo
Ríos Londoño, fue asesinado el martes, 22 de marzo de 2011., miembro de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que fue tiroteado, en el sector de
Tierra Amarilla. Cerca al lugar había un retén del Ejército, según testigos.
11.
David
De Jesús Góez, de 70 años, fue baleado en un centro comercial de Medellín, el
miércoles 23 de marzo de 2011, al medio
día, mientras que el hombre al parecer
esperaba a alguien en el complejo comercial de La Mota, en el suroccidente de
esta ciudad, sujetos en una moto le dispararon a la cabeza. Góez era una de las
120 personas que reclaman la restitución de 20 hectáreas de tierra en el sector
de Tulapa, en Urabá, y que en su mayoría habían sido desplazadas por los
paramilitares.
12.
William Andrés Álvarez Orosco, Líder
comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El
Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia.
13.
Albeiro
Valdés Martínez, líder de la Asociación de Víctimas por la Restitución y Bienes
de Urabá (Asovirestibi), fue asesinado el 11 de mayo de 2011/// 10 en Turbo.
¿????
14.
Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de
noviembre de 2011 en Antioquia
Choco
15. Manuel
Ruiz,de 56 años, y su hijo, tras ser primero retenidos por un grupo de hombres
armados que exigieron a sus familiares un rescate de dos millones de pesos por
dejarlos en libertad, monto que debía ser trasladado a un lugar de Mutatá,
fueron asesinados por presuntos paramilitares, que abandonaron sus cuerpos en
un paraje perdido.El 24 de marzo de 2012 un campesino que exigía la restitución
de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano,
16. Samir
de Jesús Ruiz Gallo, de 15 años hijo de manuelruiz. Asesinado con su padre el
dia 24de marzo de 2012.
17.
Fanny JhoanaTruaquero, de 21 años, quien fue baleada
por dos paramilitares en su propia casa ubicada en el casco urbano de Riosucio,
el 1 de junio de 2012 en dicha región,
el pasado miércoles. Perpetrado el crimen, sus autores se trasladaron al
departamento de Antioquia y esa misma noche le informaron a Rafael Truaquero
mediante una llamada telefónica de la muerte de su hija, denunció la Comisión
Intereclesial.
Cauca
18.
Beto
Ufo Pineda líder colombiano de la Organización Nueva Florida, fue hallado a asesinado el día 19 de agosto
de 2010 en la zona rural de Popayán, capital del departamento, Beto se
encontraba desparecido desde el día17 de agosto. Su actividad giraba a l
rededor de trabajar en un terreno que había sido asignado por el gobierno desde
el año 2007.
Nariño
19.
Ramiro Inampuez, líder indígena por la
restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en
Nariño
Arauca
20.
Edgar
Bohórquez Palma. Presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare –
ASODUS- esta organización presidida por el compañero era filial a la
coordinación Nacional desplazados C.N.D. fue asesinado el día 24 de septiembre
de 2010 a la 1:30 de la tarde en el barrio San Luis de Saravena. Sicarios lo acribillaron al frente a su hijo menor que se
encuentra gravemente herido, La víctima, quien era beneficiaria de un
programa de tierras del INCODER, deja una viuda y cuatro hijos en la orfandad.
Su primera esposa había sido asesinada en el departamento del Meta.
Meta
21.
Nelson
Murillo Taborda, asesinado el día 9 de septiembre a la 01:00 p.m. de 2010 en la Vereda Lucitania, límites
con la vereda de Caño Lino del municipio
el Castillo, departamento del Meta.
22.
José Pompilio Barragán Bernal,
agricultor asesinado en San
Martin de los Llanos, Meta En la vereda
Gualas, el día 19 de mayo de 2011 personal de la unidad básica de investigación
criminal UBIC, practicó la inspección técnica al cadáver De los móviles y
autores de este hecho no se recibió información. Las autoridades iniciaron los
actos urgentes en coordinación con la Fiscalía para determinar algunas
hipótesis y establecer responsables de esta muerte violenta.
Santander
23.
Elizabeth Silva Aguilar miembro de la CND
asesinada el 28 de octubre de 2010 en el
asentamiento villas de Girardot en Bucaramanga, Elizabeth promovió procesos de
recuperación de tierra urbana para asentamiento de población desplazada
Tolima
24.
Yonel
Delgado Villamil, integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la
mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de
enero 2011.
25.
José
Alfonso Delgado Villamil. , integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro
de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10
de enero 2011.
26.
Andrés
Alfonso Arenas. , integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la
mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de
enero 2011.
Putumayo
27. Alexa Gómez Polania, de
aproximadamente 35 años, Estando en su casa de habitación ubicada en la vereda,
las planadas del municipio de Mocoa, fue vilmente asesinada la señora madre
cabeza de hogar y miembro de la Asociación de desplazados "El
Progreso" de la mencionada vereda. Hasta ese sitio llegaron el domingo 18
de diciembre 2011, a las 5:45 de la tarde dos sujetos quienes se movilizaban en
una motocicleta y en presencia de su hijo de aproximadamente un año le causaron
la muerte de cinco impactos de arma de fuego.La herramienta paramilitar del
gran latifundio sigue asesinado a reclamantes de tierras con plena complicidad
Cesar
28. Nayibis
María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados
del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de
Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de
2011 en el Cesar
Actualizado 10 de junio de 2012
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